MACCIH pide priorizar auditorías de policías “millonarios”

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe agilizar las auditorías que ejecuta a 27 miembros de la Policía Nacional (PN) que se habrían enriquecido ilícitamente, demandó ayer el vocero de La Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.

“La MACCIH podrá cooperar en la medida de nuestro mandato para desmantelar redes de corrupción dentro de la Policía. Sobre esto quiero hacer un llamado, tenemos información que el Tribunal Superior de Cuentas tiene expedientes de un grupo de expedientes de policías por desbalance patrimonial, aquí ahora quiero aprovechar la presencia del señor presidente de este ente, respetuosamente, que se dé prioridad a estas auditorías”.

La petición la hizo en el entendido que sin esos resultados no pueden judicializarse los casos de “malos policías” que deben el origen lícito de su patrimonio.

“El mecanismo de verificar el enriquecimiento ilícito es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y la MACCIH apoyará firmemente su aplicación”.

La petición la hizo durante la instalación de la instalación del mecanismo anticorrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como tarea dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el país.

CORRUPCIÓN POLICIAL

Para el enviado especial, no es fácil combatir la corrupción, máxime si “las estructuras delictivas operan también desde las instituciones públicas y te pueden matar cuando te enfrentas a ellas”, hecho por el cual consideró que es necesario “separar la paja del trigo”.

De acuerdo al vocero, Honduras ya puso muchos muertos y las víctimas de la delincuencia común y la organizada son demasiadas, aunque haya un descenso en las estadísticas “aún resta mucho por hacer”.

Señala que es aún más peligroso que “en la ejecución de crímenes, participen agentes estatales, la situación es crítica y diabólica”.

En ese sentido, se pronunció alrededor de la necesidad de que el proceso de depuración policial tenga que servir al país para contar con una Policía comprometida con el servicio público y no con el crimen.

Jiménez Mayor indicó que existe la necesidad de que “haya una Policía técnica, que enfrente la delincuencia y asegure a los ciudadanos la paz y la tranquilidad”. Así que dijo estar expectantes ante el proceso de depuración, el cual debe llevarse con responsabilidad y sabiduría, pero sin impunidad

Inspirado en la situación actual, manifestó que “se requiere una investigación profunda, técnica y contemplando todas las garantías judiciales para llegar en estos casos a la verdad y superar la situación de impunidad en la que han estado inmersos estos crímenes”.

El funcionario de la OEA, especificó que su labor no se centrará en lamentar y condenar los crímenes, como los señalados en la actualidad –el zar antidrogas, Julián Arístides y Alfredo Landaverde–, porque arguyó que “venimos para trabajar con las autoridades para combatir la corrupción y la impunidad”.

En ese mismo orden de ideas pidió que “nos dejen ser sensibles a hechos que nos revelan e indignan, como seres humanos, pues nadie tiene el derecho de tomar una vida ajena”.

EXPEDIENTES

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) en cuatro años de gestión envió al Tribunal Superior de Cuentas un total de 27 expedientes, que contienen investigaciones patrimoniales reveladoras del supuesto enriquecimiento ilícito, de parte de igual número de oficiales de la Policía Nacional de las diferentes escalas.

La suma que los uniformados lograron alcanzar durante sus años de servicio al frente de la Policía, según los investigadores, no tiene congruencia, porque han logrado “amasar” alrededor de 300 millones de lempiras.

En la actualidad y de acuerdo a lo informado por el magistrado presidente del TSC, Miguel Mejía, explicó que cinco expedientes ya están listos para ser notificados, de los cuales, dos sí tienen indicios de enriquecimiento ilícito y después de ser notificados los enviarán al Ministerio Público (MP) para que inicie la acción penal.

Reveló que uno de esos dos altos oficiales están incluidos en la lista de nueve generales de la actual cúpula policial, que ahora es objeto de evaluación por la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Policía Nacional.

Los miembros de la comisión depuradora solicitó información a los entes operadores, entre ellos el Tribunal, la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Reunión de Quintín Juárez con fiscales

El subdirector de la Policía Nacional, Quintín Juárez descartó ayer que haya sido citado por el Ministerio Público (MP), luego de haber arribado a ese ente operador de justicia a reunirse con el director de fiscales, Arturo Duarte y la fiscal de Derechos Humanos, Soraya Cálix.

“El Ministerio Público nos envió un oficio PEDH-572-2016, donde se nos invita a una reunión de trabajo para el lunes 18 de abril a las 9:00 de la mañana en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a fin de abordar la situación actual por la que atraviesa nuestro país en seguridad”.

El jerarca policial dijo que atendió la invitación de trabajo al tiempo que recordó “asistí al Ministerio Público, cuando salgo miro que viene un grupo de periodistas y me dicen que tiene que decir al respecto y respondí que no tengo ningún comentario que declarar”.

Aclaró que “no me han citado a declarar, no me han mencionado en ningún informe; me sorprende que ahora haya salido de que me ha citado el Ministerio Público, cosa que no es cierto y si así lo fuera vamos a estar presente para cuando nos llame en cualquier momento u otra autoridad”.

Juárez es uno de los nueve generales que está siendo evaluado por la Comisión de Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional.